El proyecto El Diquís, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) requiere 900 hectáreas de territorios indígenas no habitados, pero que son inalienables, según derechos indígenas protegidos por una ley nacional de 1977 y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Los primeros reclamos contra el ICE surgieron tras ocupar 20 hectáreas sin una consulta previa al pueblo térraba, ubicado en Buenos Aires de Puntarenas. Sobre esos terrenos, a los cuales el ICE tuvo acceso mediante un contrato firmado en el 2008 con un no indígena, se estableció un campamento y se trabaja en galerías o túneles. De acuerdo con la entidad, se trata de excavaciones exploratorias necesarias para completar el estudio de impacto ambiental y no de obras definitivas como denuncian dirigentes indígenas. El ICE además debe hacer frente a permanentes problemas de la población indígena, como la ocupación ilegal de sus territorios y la división interna. Por ejemplo, de las 9.950 hectáreas de tierras térrabas, un 90% (8.950 ha) están invadidas. Esas necesidades, cuya atención tiene al Estado en deuda, hoy se convierten en una piedra en el zapato para El Diquís. (La Nación, 26/4)