El Gobierno impulsa un plan de contingencia para suplir al país de electricidad con base en fuentes limpias y para evitar un desabastecimiento a partir del 2014. La iniciativa está plasmada en un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo estaría enviando al Congreso la semana entrante. La propuesta procura incrementar la generación eléctrica en unos 400 MW durante los próximos seis años. Para ello amplía las cuotas de producción eléctrica de los generadores privados, de las cooperativas de electrificación rural y las empresas municipales. Asimismo, abre la posibilidad de que los usuarios aporten pequeñas cuotas de generación al sistema eléctrico nacional. También facilita la tramitación de permisos para instalar plantas generadoras. Para el proponente, el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre, esto no significa que el Gobierno renuncia al proyecto de Ley General de Electricidad para abrir el mercado eléctrico. “Nosotros seguimos interesados en el otro proyecto y creemos que la solución definitiva para el país es aprobar ese plan”, dijo. No obstante, De la Torre reconoció que ese plan es más complejo, difícil de consensuar y, una vez aprobado, requeriría de mucho tiempo para implementarlo. Por el contrario, el proyecto de contingencia es más corto, menos complejo y polémico; por tanto, su aprobación sería más rápida. La iniciativa del Gobierno propone varias reformas de ley para otorgarles a Jasec y ESPH las mismas condiciones de endeudamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Además, permite el desarrollo conjunto entre cooperativas o empresas municipales para desarrollar proyectos hasta de 100 MW y venderle los excedentes al ICE. Hoy solo pueden instalar plantas de 60 MW como máximo. Se amplía de un 15% a un 25% el porcentaje de generación privada que el ICE puede contratar a generadores privados (Ley 7.200). El tamaño de las plantas a instalar por privados pasa de 20 MW a 30 MW. A hoy la capacidad instalada del país está en 2.400 MW. Sin embargo, a partir del 2014 y, hasta la entrada en operación de la megaplanta El Diquís (650 MW), en noviembre del 2018, el país entraría en riesgo de desabastecimiento. Esto obedece a los atrasos de dos años en la entrada de los proyectos Reventazón de 305 MW y El Diquís. El Ministro justificó que si no se le quitan las trabas a la generación privada y de otras empresas, ese bache habría que cubrirlo con energía térmica –a base de combustibles– , más cara y contaminante. (La Nación, 7/5)