El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció el viernes por sorpresa la decisión del Gobierno de suspender temporalmente los incentivos económicos de las nuevas instalaciones del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) y el procedimiento de preasignación del Ministerio de Industria, que es el último trámite administrativo para que las plantas se puedan construir y reciban las primas. La norma anunciada, que supone una modificación de la Ley Eléctrica, afectará a 4.500 MW eólicos, a otros 250 MW fotovoltaicos y, sobre todo, a la industria que gira en torno a esta actividad. La medida no será retroactiva, por lo que la capacidad inscrita en el prerregistro seguirá para adelante: 1.600 MW eólicos y otros 1.200 MW termosolares, fudamentalmente. La fotovoltaica se rige por un mecanismo de cupos trimestrales y, según fuentes del sector, después del recorte de primas aprobado por el Gobierno anterior en diciembre de 2010, ya se habían descolgado 2.500 MW y en estos momentos solo hay en lista de espera los 250 MW antes citados. Fuentes de este sector auguran una pérdida de 10.000 empleos directos sobre los 12.100 que hay en total, cuando las nuevas plantas solo suponen 70 millones en primas al año. El titular de Industria justificó la medida en la necesidad de controlar el déficit de tarifa que, a 31 de diciembre, se cifra en 24.000 millones de euros. "De no tomar ninguna medida -dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- se producirían entre 3.000 y 4.000 millones más cada año". Y añadió que "el déficit tarifario es una amenaza para el sistema". Las primas a las renovables (7.200 millones de euros para este año, según Soria) representan un tercio de los costes de la tarifa de acceso o peajes, pero, dado que no se trata de ninguna medida retroactiva, estos incentivos no desaparecen. (Cinco Días, 28/1)