El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, calculó ayer que la moratoria de primas para futuras renovables aprobada por el Gobierno del PP "se ha cargado la inversión privada de 62.000 millones" contemplada en el Plan de Energías Renovables (PER) hasta 2020. En una rueda de prensa, García Breva advirtió que la medida incluida en un real decreto-ley aprobado el viernes "podría vulnerar la legislación comunitaria", ya que los compromisos hasta 2020 no solo consisten en alcanzar un 20% de energía final a partir de fuentes renovables, sino en garantizar la seguridad jurídica. Las amenazas de recurrir a los tribunales también fueron lanzadas desde otros ámbitos del sector de energías verdes. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer en una comparecencia ante el Congreso que el Gobierno "mantendrá su apoyo al carbón autóctono" y que la nueva potencia que se instale será renovable y de cogeneración, aunque con "regímenes económicos que fomenten la reducción de costes". Según Soria, "el cierre de las centrales que producen con carbón nacional se debe evitar a toda costa" para garantizar el suministro cuando se recupere la demanda. Respecto a la polémica moratoria renovable, el ministro la justificó en la urgente necesidad "de frenar la senda de crecimiento del déficit de tarifa y de enviar una señal clara al sistema para que se suspendan las inversiones apalancadas a partir de recursos propios". En su opinión, frente a reformas del Gobierno anterior, esta "no pisa ningún derecho adquirido". Soria también apostó por la exploración de hidrocarburos nacionales, a los que calificó de "estratégicos". De hecho, se mostró partidario de las exploraciones en aguas canarias. (Cinco Días, 1/2)