La suspensión sine díe de los incentivos a la producción de energías del régimen especial que establece el real decreto-ley aprobado por el Gobierno hace una semana ha dejado atrapados a los 11.080 MW adjudicados desde diciembre de 2010 en los concursos eólicos de nueve comunidades autónomas: Galicia, Cantabria, Aragón, Cataluña, Extremadura, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en este último caso, un concurso por proyecto. Pero, pese a lo elevado de la potencia autorizada, los efectos de la medida del Gobierno no parece preocupar demasiado a las empresas, pues estos proyectos ya estaban sumidos en un limbo regulatorio. En enero caducó la norma que regulaba los incentivos de las instalaciones eólicas y no había sido sustituida por otra. El vacío legal afectaba a los proyectos que se pusieran en marcha a partir de enero de 2013 y, aunque el Gobierno anterior elaboró una propuesta de regulación, no le dio vía libre por falta de consenso con las eólicas. (Cinco Días, 7/2)