La Asociación Nacional de Generadores (ANG) y la Cámara de Industria exigen al Gobierno priorizar la investigación y aplicar medidas con el fin de evitar actos futuros. Las acciones más recientes se registraron desde la madrugada del jueves último, cuando tres torres de la empresa Transportes de Electricidad de Occidente fueron derribadas. Ese mismo día la distribuidora Unión Fenosa denunció el robo de energía que dejó sin fluido eléctrico a varias comunidades de Malacatán y de Catarina, San Marcos. Se suma la suspensión en la construcción de la hidroeléctrica Palo Viejo, en Quiché, que desde inicios de este año está interrumpida por los bloqueos que han hecho las comunidades del lugar en los accesos a esa planta. Para la ANG, las acciones en contra del sector son “totalmente negativas al clima de inversión del país”, además de que aumentan los costos de operación de las empresas que han invertido. (La Prensa Libre, 19/2)